El agua llegó a Wall Street: ¿acaso es malo?

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Desde el pasado 7 de diciembre en la bolsa de Wall Street de New York comenzó a cotizar un producto muy inusual cuando se habla de bienes y servicios: el agua.

Por Juan Diego Pichardo | Hilos de América

Sobre ello, Julen Rekondo, especialista medioambiental, escribió: “Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando, han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo”.

Este recurso es sin lugar a duda el bien más importante del mundo por encima del Oro, Petróleo o Coltan. Quizás por ello cuando la campana de Wall Street comenzó a sonar, las redes sociales se llenaron de fuertes críticas de personas de todos los ámbitos. Activistas medioambientales como la socióloga María Selva Ortiz, de la ONG “Amigos de la tierra”, rechazaron la medida con el argumento de que “el agua no puede ser mercancía”.

Selva Ortiz también agregó irónicamente: “así como empezaron con el agua pueden seguir con el aire”. Asimismo, Pedro Arrojo-Agudo, el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, denunció que la cotización del agua viola los derechos humanos básicos.

¿Está mal la cotización del agua?

Muchos de estos detractores de la medida no vieron la posibilidad de que tanto ésta, como muchas otras medidas que pasan por la privatización de algún recurso, pueden traer múltiples beneficios para la población en general.

Ejemplos fallidos

El agua no es un derecho como muchos piensan. Un bien físico no puede ser catalogado como derecho porque de cualquier manera será ofertado en un mercado. Además, transformar algo en derecho no garantiza que este “derecho” sea cumplido a totalidad por el Estado.

Ya se conocen las consecuencias de crear el derecho de acceso al agua potable, en países como Venezuela o Chile, que si bien tienen opuestos sistemas económicos, han coincidido en hacer al agua un servicio público.

En Chile los ríos se secan y algunas ciudades comienzan a tener problemas de suministro de agua potable. Según el informe “Transición hídrica: El futuro de Chile” realizado por Fundación Chile y presentado en 2019, el 60% de escasez de agua en este país es causada por la mala gestión del recurso.

Aunque las empresas de agua en Chile son todas privadas, están fuertemente reguladas y dependen de las políticas del Ministerio de Obras Públicas y  de una agencia estatal denominada Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS por sus siglas).

En consecuencia todas estas empresas son dependientes de un monopolio generado por el Estado chileno, creando el conocido problema de centralizar los servicios públicos desde el Estado y en pro de los intereses de éste, aunque la intención en teoría no parezca mala ni busque dañar al individuo.

Por su otra parte, en Venezuela la mayoría de las regiones no cuentan con un suministro fijo de agua potable; en algunos estados se pasa peor en otros: por ejemplo, en Zulia o Amazonas los habitantes sufren de una horrible escasez del servicio y dependen de las cisternas, que deben ser comprados por ciudadanos que en su mayoría ganan salarios por debajo de los 10 dólares.

En Venezuela todas las instituciones encargadas del agua dependen del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Este control centralizado se le suma a una estrategia de propaganda que consiste en regalar tanques o cisternas para el suministro de agua; una estrategia política empleada para obtener apoyo y someter a la población, ya sea a través de votos, marchas o en busca de lealtad política.

A pesar de esto, ambos países tienen en común la regulación por parte del Estado del suministro de agua potable. Por supuesto, hay que resaltar que en Venezuela el objetivo final es un evidente control social, mientras que en Chile, como en otras partes del mundo, se intenta vender la idea de que el agua es un recurso de todos.

El libre mercado como milagro

Hablemos de la palabra monopolio.

Cuando alguien la dice, lo primero que se puede venir a la mente es un muñeco bien vestido con bigote y sombrero, pero pocos analizan la definición de monopolio.

Un monopolio se presenta cuando una empresa o institución posee el control total del mercado de un producto determinado. Según el libro “Capitalismo, el ideal desconocido”, que entre sus autores se encuentra la dama de libertarismo, Ayn Rand, existen dos monopolios: uno generado por el Estado y otro generado por la falta de competencia.

Los beneficios de la competencia entre las empresas son palpables: la mayoría de las guerras comerciales han demostrado que pueden ser muy beneficiosas para los individuos. Tener a dos o más fuerzas comerciales trabajando para entregarte el mejor producto posible, puede ser la mejor opción en la mayoría de los casos.

Sin embargo, cuando aplicamos el libre mercado al suministro de agua potable, la gente enciende las alarmas, como si el Estado fuese el único capaz de garantizar tal suministro.

Hay casos que evidencian que sería más recomendable que el suministro de agua fuese tema de competencia entre empresas. El más popular lo encontramos en el Reino Unido, donde en 1989, durante la administración de Margaret Tatcher, se promulgó la privatización del agua, dejando al Estado fuera de su administración y colocándola en manos de la empresa privada. Y claro: se creó una institución para verificar el correcto trato del recurso por parte de las empresas privadas, con el nombre de Inspectorado del Agua Potable (DWI por sus siglas en inglés).

Más de 30 años después, Inglaterra ha dejado de lado aquel tormentoso título del “Dirty man of Europe” (el hombre sucio de Europa), generando beneficios medioambientales en ríos y estuarios, así como una reducción del precio de este recurso.

Este fue un milagro del libre mercado que permite a las empresas pelearse por quién ofrece mejor suministro de agua potable y por quién ofrece mejor relación calidad-precio.

En conclusión, todo monopolio es malo; pero es más malo aun cuando el encargado de sostener ese monopolio es el Estado a la fuerza.

Sería más fácil que la gente decidiera qué empresa desea que se le suministre el agua, así como permitir que estas empresas también compitan en otras áreas referentes al agua como lo son el tratamiento de aguas residuales, la venta de agua en botellones e incluso los proyectos de defensa de las cuencas hidrográficas.

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